PGJE no acreditó el delito de secuestro y quedan en libertad los 8 policías comunitarios de la UPOEG
Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no logró acreditar el delito de secuestro en contra de ocho policías comunitarios; la madrugada de este jueves fueron liberados siete y, por la tarde quedó en libertad bajo fianza el “Comandante Santos”, quien tuvo una reclasificación de delito a “privación de la libertad personal”.
Reconoció que mantuvo retenida por varios días a Romana Campos Vega pero no en calidad de secuestrada, sino de detenida por cometer ilícitos. Negó que haya solicitado a la familia cierta cantidad de dinero para la liberación, y que le hayan faltado el respeto a la mujer.
También afirmó que dentro de la Procuraduría del Estado lo hicieron declarar bajo tortura para que se declarara culpable, por lo que pidió justicia al respecto.
Maximino quien es conocido como el Comandante Santos, salió del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo cerca de las cuatro de la tarde luego de que el delito que se le adjudicaba, fuera reclasificado por el juez.
Ante la falta de pruebas de la PGJE, el juez decidió desechar la acusación de secuestro para dejar el delito en privación de la libertad personal, por lo que tras pagar una fianza superior a los 20 mil pesos, abandonó el penal.
El resto de los policías comunitarios presos acusados también de secuestro, fueron liberados la madrugada de este mismo jueves.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) interpuso el recurso de apelación a la decisión del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo (Chilpancingo), de conceder la libertad a los integrantes de la UPOEG acusados por el delito de secuestro agravado.
En un comunicado de prensa, la fiscalía encabezada por Iñaki Blanco Cabrera afirmó que el delito fue acreditado con varias pruebas fehacientes.
Recordó que en su oportunidad, se informó que el pasado 4 de junio de 2014 se inició una averiguación previa con motivo del secuestro del secuestro de una persona del sexo femenino ocurrido ese mismo día en la ciudad de Chilpancingo, de los Bravo, cuando la víctima se dirigía a su escuela.
“Después de dos horas, los secuestradores comenzaron a realizar llamadas telefónicas a varios familiares de la ofendida para exigir el pago de tres millones de pesos y las escrituras de un inmueble a cambio de su liberación, ya que de lo contrario la privarían de la vida”, se lee en el documento distribuido a medios de comunicación.
“Uno de los familiares de la víctima, al negociar con uno de los secuestradores identificó la voz, como aquella que corresponde Maximino Moreno Acuña (a) “Comandante Santos” y/o “el Chimino”, supuesto Coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la localidad de Mazatlán, municipio de esta ciudad capital”, agrega el redactor.
Detalló que después del trabajo “de inteligencia” y/o análisis de información derivada de las diligencias practicadas por el Ministerio Público, así como producto del trabajo del Grupo Táctico Antisecuestros, el 13 de junio de 2014, se logró la detención de 9 personas.
Cabe recordar que uno de estos resultó ser menor de edad y al determinar que no tenía algo que ver con el delito de secuestro, la autoridad correspondiente le otorgó la libertad desde el pasado lunes. Quedaban entonces ocho personas presas, de las cuales fueron liberadas siete la madrugada de este jueves y, uno hasta la tarde de este mismo día.
En su documento, la Procuraduría calara que el día 18 del mes y año en curso, la autoridad jurisdiccional resolvió decretar la libertad de los indiciados, a excepción de Maximino Moreno Acuña (a) “Comandante Santos” y/o “el Chimino”, para quien reclasificó el delito de secuestro agravado por el de privación de la libertad personal, fijándole una caución de veintisiete mil trescientos setenta y siete pesos.
“Con motivo de lo expuesto, la PGJE interpuso el recurso de apelación contra la citada determinación del órgano jurisdiccional, por lo que en su oportunidad hará valer los agravios correspondientes ante el Tribunal de Alzada, a efecto de que revoque la libertad de los indiciados”, sentenció.
También advirtió que se proseguirá con las investigaciones para reunir mayores evidencias de responsabilidad penal de quienes han incurrido en posibles actos delictivos, a efecto de que sean analizados por autoridades judiciales estatales y federales, de ser el caso, y en su oportunidad se impongan las penas privativas de la libertad correspondiente.
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