Piden diputados
investigar presuntas irregularidades
en la
construcción de viviendas del Nuevo Mirador
A la Comisión de
Vivienda del Congreso del Estado se envió una propuesta de exhorto a
dependencias federales, para que realicen una investigación a fondo de la
construcción de viviendas del fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo,
ante la presunción de anomalías y actos de corrupción.
En tribuna, la
diputada Norma Otilia Hernández Martínez, de Morena, a nombre de sus homólogos
Blanca Celene Armenta Piza, Nilsan Hilario Mendoza y Luis Enrique Ríos Saucedo,
manifestó que en el 2014 el entonces secretario de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Carlos Ramírez Marín, anunció la construcción de 1,100
viviendas para vecinos de Chilpancingo que resultaron afectados por los
fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel”, ocurridos un año antes.
Este complejo
habitacional contaría, de acuerdo con su proyecto, con canchas deportivas,
mercado, terminal de autobuses, zonas recreativas y escuelas.
Sin embargo,
Hernández Martínez manifestó que en corto plazo se dieron a conocer
irregularidades, como que los terrenos eran inestables, irregulares y no aptos
para la construcción, además de que se pagaron a un costo superior al de su
valor real.
Abundó la
legisladora que cuando recién se habían entregado las casas, los daños ya eran
notoriamente visibles -cuarteaduras-, dado que la mayoría fueron construidas
con estructuras prefabricadas y montadas unas sobre otras.
Señaló que el
delegado de esta dependencia en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, en el 2017
dijo que de acuerdo con los lineamientos del Fondo Nacional de Desastres
Naturales (FONDEN), cada casa debía costar 190 mil pesos, 120 mil en
construcción y 70 mil por la introducción de los servicios.
“Sin embargo, en
este fraccionamiento se ha ido una ‘millonada’, pues en cuatro años se han
gastado más de 490 millones de pesos, sin que se puedan concluir las casas; la mayoría
del dinero se ha ocupado en reparaciones y en estabilizar el terreno”,
reprochó.
Por ello,
solicitó a las secretarías federales de Hacienda y Crédito Público, de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Función Pública, que
investiguen lo sucedido, para de esta manera coadyuvar con el combate a la
corrupción y la cultura de la legalidad, y que sirva, además, como “lección
contra los corruptos, que nadie evada la justicia y no haya impunidad”.
Dictámenes
En la misma
sesión, los legisladores aprobaron un dictamen para conceder licencia por
tiempo indefinido a Genoveva Rivera Bravo como síndica procuradora del
municipio de Xochihuehuetlán, a partir del 1 de octubre de este año, y otro por
la renuncia de Eva Martínez Torres como regidora del Ayuntamiento de Cutzamala
de Pinzón.
También aprobaron
adiciones a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos y al Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos
Públicos, Coordinados y Descentralizados, para que se incluya la figura de
“caducidad” en los procesos de pago de laudos a trabajadores, que permita
agilizar los procedimientos y, a su vez, poder llegar a resoluciones justas.
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