miércoles, 22 de julio de 2015

PAGINA 15

Nuevo sistema de justicia evitará 
la sobrepoblación en cárceles

La implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio evitará el amotinamiento en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad que “tanto le cuestan al estado”, porque agilizará y resolverá en horas los procesos jurídicos.
“Mucha gente ya no irá directamente al reclusorio”, dijo este martes en conferencia de prensa Anacleta López Vega, secretaria de la Comisión Ejecutiva para la implementación de este nuevo sistema.
De la mediación, explicó que las partes podrán llegar a “arreglos”, “estando fuera la persona acusada podrá pagar la reparación del daño, sin tener que estar en la cárcel causando una sobrepoblación que le cuesta mucho al Estado”.
“La víctima amplió sus derechos con este nuevo procedimiento porque puede oponerse al Ministerio Público si le parece que no está bien representada; el gobierno le pone un asesor jurídico para que pueda coadyuvar a asegurar sus derechos”, dijo.
En cuanto a la cultura de la legalidad, explicó que ahora las autoridades tienen que cambiar su manera de pensar, actuar y de ser; es decir, “de respeto a los derechos humanos, del debido proceso y del procedimiento oral”.
Hasta ahora, el nuevo Sistema Penal Acusatorio opera en las regiones Norte, Costa Grande y Costa Chica de Guerrero, pero en este año deberá operar también en las regiones Montaña, Centro y Acapulco.
“Para este 2015 tenemos cartera de infraestructura para terminar las construcciones de la Fiscalía, Seguridad Pública y Defensoría Pública, porque en casi todo en el estado contamos con salas de oralidad”, dijo López Vega.
Indicó que el Sistema Penal Acusatorio debe “dar certeza jurídica a la sociedad civil para que se sienta protegida en todos los sentidos, tanto como el propio imputado”.
Además, “garantiza que el proceso será junto a todos, la acusación será en ese mismo momento para que el imputado se pueda defender”.
Explicó que los gobiernos federal y estatal implementan la capacitación a todo el personal relacionado con la impartición y procuración de justicia.
Desde los agentes del Ministerio Público hasta los peritos, Policía Investigadora y del Estado que “intervienen de manera directa en la investigación, detención y para proteger el área donde sucede un evento delictivo”.
Además se cuenta con un Código Nacional de Procedimientos Penales homologado que evita interpretaciones erróneas o que cada autoridad le dé una interpretación como le guste, “para garantizar el debido proceso y conservar que los derechos humanos se respeten”.
Cuestionada sobre el rezago en Guerrero en la implementación de este nuevo sistema, la secretaria comentó que hay 37 proyectos ejecutivos de capacitación autorizados por el gobierno federal.
“En cuanto a la corrupción, tenemos sistemas que nos permiten monitorear cuántas carpetas se iniciaron, cómo van las investigaciones, las conciliaciones y las resoluciones”, finalizó. (www.agenciairza.com)

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