domingo, 19 de abril de 2015

NOTA

Usan gobiernos medidas legaloides para impedir el traslado de “presos políticos”

(IRZA).- Hegel Mariano, abogado de los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, y Arturo Campos Herrera, recluidos en máxima seguridad, denunció que tanto el gobierno de Angel Aguirre, como el de su sustituto Rogelio Ortega, utilizaron medidas legaloides para impedir su traslado a un penal de Guerrero.

En entrevista el litigante recordó que desde el pasado 17 de septiembre de 2014, el Juez Octavo de Distrito con sede en Acapulco, concedió el amparo a Arturo Campos, para que fuera trasladado desde el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, a un penal de Acapulco “y el 13 de octubre del mismo año se interpuso el recurso de revisión”.
Sin embargo, esto no se concretó debido a que el gobierno del estado a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se inconformó contra ese amparo, e interpuso el recurso de revisión “por eso no ha sido trasladado Arturo Campos a un penal en Guerrero”.
Ellos argumentan que “por medidas de seguridad, ya que no cuentan con las medidas necesarias para la contención y resguardo de internos que cuentan con nexos en el exterior, y por el riesgo de una extracción armada, que pondría en riesgo la integridad de empleados internos, y visitantes a dicho centro penitenciario”.
Aunque el juez que concedió el amparo sostuvo que “no hay prueba que (Arturo) sea una persona que requiera de medidas especiales de seguridad, ni hay pruebas que permitan concluir que su reclusión en un penal de Acapulco, pongan en riesgo su integridad, además de que fue ilegal su traslado a un penal de máxima seguridad”.
Hegel Mariano, destacó que la situación de los presos políticos no ha cambiado con el gobierno de Rogelio Ortega, “se han utilizado medidas legaloides del actual gobierno que ha impedido el traslado a Guerrero, tanto de Arturo Campos, como el de Gonzalo Molina, recluidos en un penal de máxima seguridad”.
Y en el caso de Gonzalo Molina, la situación es que “hay un amparo en contra de su traslado ilegal, y como un paso importante es que regrese a Guerrero, para que esté con su familia, aunque el juez había negado que haya ordenado el traslado, y dijeron que era improcedente su amparo, pero el Tribunal Colegiado, ordenó una reposición del proceso”. (www.agenciairza.com)

Emplazan adultos mayores al gobierno estatal para que les paguen su pensión

(IRZA).- Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados emplazaron al gobierno estatal para que en 72 horas les paguen 30 millones de pesos de pensiones y aguinaldo del 2014.
Feliciano Pérez Jiménez, presidente de la asociación, externó que al menos 5 mil agremiados en el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) exigen sus pagos.
Aclaró que el incremento de sus retroactivos en primera instancia fue del 9 por ciento para algunos, y para los de la generación de 2011 es de 4.5 por ciento y 4 por ciento.
“Fuimos los que coadyuvamos para que gobernar porque de cierta forma servimos al pueblo al recibir órdenes de trabajo, y no es justo que al gobernador Rogelio Ortega Martínez porque ya le queda poco tiempo, ya es irresponsable”, dijo.
Advirtieron que de no pagarles en 72 horas harán sentir su inconformidad en las regiones de la entidad porque ya fueron muy tolerantes pero que los están obligando a radicalizar sus acciones.
Afirmaron que ya no le creen al director del ISSSPEG, David Guzmán Sagredo, porque son puras justificaciones y que los 5 mil afectados están dispuestos a emprender acciones por recuperar sus pagos del retroactivo.
Pérez Jiménez precisó que les pagan mensualmente cerca 2 mil 800, lo que no les alcanza, mucho menos que les estén adeuden un año de retroactivo, lo que consideraron injusto.
Arturo García Uriotegui, delegado de la asociación, anunció que si no pagan este viernes en Acapulco tomarán las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración o la avenida Costera Miguel Alemán.
Además demandaron a las instituciones del gobierno estatal, organismos Públicos Descentralizados (OPD) y Ayuntamientos, a que paguen sus adeudos con el ISSSPEG sus cuotas obreros patronal, porque dependen de ellos los pagos de sus incrementos retroactivos. (www.agenciairza.com)

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