NOTA

19 años de injusto encierro para indígena;

lo acusan de terrorismo y por asesinato

Tomás de Jesús Barranco es un indígena nahua originario del municipio de Ahuacuotzingo, quien actualmente se encuentra preso en el Centro de Reinserción Social de Chilapa, acusado por el gobierno del estado por los delitos de terrorismo y homicidio calificado. Además, lo vincula con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El indígena no es un preso común. Ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos, y las autoridades le han formulado un proceso judicial plagado de irregularidades. También fue sometido a tortura física y psicológica para que se declarara culpable, de delitos por los que fue sentenciado a 40 años de prisión y condenado a pagar una multa de 55 mil 620 pesos. Recursos que obviamente no tiene, pues la situación de su familia es de extrema pobreza.

En estas circunstancias Tomás lleva ya 19 años preso y ha pasado por distintos centros de reclusión del país, el más reciente, antes de llegar al de Chilapa, fue el Centro Federal de Readaptación Social 3 Noroeste, de Matamoros, Tamaulipas.

El indígena nahua fue detenido en Tixtla, la madrugada del 29 de agosto de 1996, cuando recién había asumido la gubernatura interina el ahora gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, quien tomó protesta el 12 de marzo de 1996.

A las 00:30 horas de esa madrugada, Tomás caminaba a orillas de la carretera Chilpancingo-Chilapa, rumbo a la terminal de taxis de Tixtla, en compañía de Rodolfo Tacuba Moreno, cuando ambos fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial del estado, ahora Policía Ministerial.

Sin elementos que probaran su acusación, los agentes los señalaron como partícipes de un ataque armado que había ocurrido dos horas antes, en Tixtla, por presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en contra de la comandancia de la Policía Judicial y del Palacio Municipal. En las primaras instalaciones, dos agentes fueron heridos de gravedad y posteriormente uno de ellos falleció.

De acuerdo con su declaración, que quedó asentada en la causa penal 59/996, Tomás de Jesús Barranco fue trasladado a las oficinas de la comandancia de la Policía Judicial de Tixtla, donde fue sometido a tortura física y psicológica. Los agentes lo amenazaron e intimidaron a él y a sus familiares durante el interrogatorio. Lo acusaron de que era uno de los “encapuchados” que dispararon en contra de la comandancia de la Policía Judicial.

Después, fue trasladado a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Chilpancingo, donde nuevamente fue torturado física y psicológicamente para obligarlo a que se declarara culpable y aceptara que había participado en los ataques a la comandancia de la Policía Judicial y al Palacio Municipal.

“Ya tenían un escrito en el que supuestamente yo me declaraba culpable de ser miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR), pero como yo me negué a aceptarlo, nuevamente me empezaron a golpear para obligarme a aceptarlo, porque si no lo aceptaba tenía que morir ese mismo día y me dieron una arma que ellos traían, para que yo la agarrara, para que me televisaran y dijeran que yo traía el arma, para que me presentaran como culpable mientras me filmaban, otros me cuidaban”, declaró Tomás en su momento.

La declaración del indígena sigue: “Enseguida me dijeron que iba a declarar, que ya iba a ser la última declaración, pero para eso nos dijeron que dijéramos la verdad, que es lo que contenía el documento, y ahí conocí a uno de los que me golpeó en el estómago, y después me pasaron con el agente del Ministerio Público, donde también se portaron igual que en la judicial, diciéndonos que si no decíamos la verdad tendría que pasear en helicóptero, a ver si resistía la caída, para que regresen de nuevo a los separos, y como no aceptamos echarnos la culpa, hicieron valer el documento de la Judicial”.

Organismos de derechos humanos y familiares de Tomás de Jesús presentaron posteriormente una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, por la detención irregular, sin orden de aprehensión y por las torturas que sufrió el indígena, sin embargo, el organismo no investigó a profundidad el caso y la queja no surtió ningún efecto.