NOTA

Sí hay funcionarios estatales entre los aspirantes al cargo de auditor: Ortega

 El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, aceptó que entre los aspirantes al cargo de titular de la Auditoría General del Estado (AGE) hay varios funcionarios estatales.

“Sí, en efecto hay funcionarios estatales”, confirmó este jueves en entrevista el también coordinador de la fracción parlamentaria del PRD .

Explicó que el Poder Legislativo no puede “coártales su derecho” de participar en el proceso de selección, pero que “serán los requisitos quienes dirán” qué aspirantes cumplen los requisitos de elegibilidad.

Confirmó que entre los 31 aspirantes inscritos, se encuentran los funcionarios José Villanueva Manzanares, vocero de la administración estatal; Antonio Arredondo Aburto, contralor general; y la directora de Personal, Soraya Jiménez Radilla, entre otros.

“Nosotros no podemos coartarle el derecho a nadie de poderse inscribir, hay requisitos ahí, si ellos no atendieron los requisitos yo no puedo decirles, Juan, Pedro, Chano, tú no te puedes registrar; la convocatoria fue libre, fue abierta”, insistió.

Mencionó, un tanto irónico, que “hasta los periodistas” pudieron inscribirse para concursar por el nombramiento al cargo de auditor general del estado tras la denuncia del zeferinista Arturo Latabán López.

El legislador mencionó que si los aspirantes registrados reúnen los requisitos podrán avanzar en el proceso de selección. Pero advirtió que harán valer las disposiciones de la convocatoria que aprobó el pleno del Congreso.

Sobre ese punto, la convocatoria y el artículo 79 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en su fracción VII, impiden a los funcionarios participar en dicho proceso.

“No haber sido titular de ninguna dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal o Municipal, representante popular federal o estatal, titular de algún órgano constitucional autónomo, magistrado del Poder Judicial, Consejero de la Judicatura o titular de cualquier entidad fiscalizable, durante dos años previos a su designación”, dice.

Ortega explicó que en la segunda etapa del proceso se revisarán los expedientes de los 31 aspirantes y quienes no cumplan con los requisitos serán rechazados.

Aunque en asuntos generales de la convocatoria se establece que los resultados del proceso no podrán ser impugnados por los aspirantes, Ortega Jiménez expresó sorprendido su desconcierto.

“¿Eso dice? No, no creo que diga eso, pero hay que revisarlo, si es así, aunque lo diga también tienen derecho a impugnar si a final de cuentas si creen que se les vulneró su derecho”, dijo.