Mujeres aglutinadas a diversas organizaciones indígenas, defensoras de derechos sexuales y reproductivos, exigieron a los integrantes de la 60 legislatura que incluya en su agenda legislativa el debate para la despenalización del aborto, pues advirtieron que es un tema delicado que se ha venido dejando de lado.
Explicaron que de acuerdo a la información que recabaron a través de organizaciones no gubernamentales como IPAS y el Observatorio Nacional de Muerte Materna; en Guerrero todos los días 14 mujeres interrumpen su embarazo, cerrando el año con un total de 5 mil abortos.
Ante este panorama, mujeres guerrerenses que le han dado seguimiento al tema, lamentaron que el Gobierno del Estado no le haga llegar aún al poder legislativo local la iniciativa para despenalizar el aborto, misma con la que se comprometió desde junio del 2013.
María Luisa Gárfias Marín, presidenta del Colectivo Nosotras manifestó que es urgente la aprobación de una ley en Guerrero que permita la interrupción de los embarazos no deseados, pues las cifras en aborto son muy altas.
Comentó que solamente mujeres con solvencia económica pueden trasladarse al Distrito Federal, donde abortar no es un delito, y pagar los costos que implica la interrupción de un embarazo.
“Pero las de escasos recursos, las que son de comunidades pobres, las que no tienen la facilidad ni siquiera para ir a una consulta, terminan haciéndolo en lugares antihigiénicos, con personas de poca confianza y expuestas a perder la vida o terminar en la cárcel”
Los datos proporcionados por las organizaciones indican que Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional en muertes maternas, siendo esta una de las razones por las que insisten en despenalizar el aborto.
Gárfias Marín lamentó que la entidad solamente permita interrumpir un embarazo cuando la mujer fue violada sexualmente o cuando el producto tiene el riesgo de nacer con malformaciones.
“Eso es violentar los derechos de las mujeres, las autoridades deben permitirnos decidir sobre nuestro cuerpo, decidir cuántos hijos queremos tener y cuando los queremos tener, nosotros no estamos promoviendo el aborto, ojalá una mujer nunca tuviera que realizar esta práctica, por lo que luchamos es por nuestro derecho a decidir”.
En ese sentido, el Fray Julián Cruzalta Aguirre, de la organización Católicas por el derecho a decidir, comentó que es preocupante el hecho de que el gobierno del estado no haya elaborado aún una iniciativa para despenalizar el aborto.
Pero también reprobó el actuar del Poder Legislativo Local, que se niega a iniciar el debate sobre el tema, incluso, consideró necesario que sea abordado antes de que inicien las próximas campañas electorales, de lo contrario existe el riesgo de que se politice.
Pidió también que una vez comenzados los trabajos legislativos para determinar si se aprueba o no la despenalización del aborto, tanto el gobierno del estado como el Congreso Local tomen en cuenta a todos los sectores sociales involucrados en el tema, entre ellos la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Cruzalta Aguirre reconoció que muchas veces, cuando una mujer que fue violada acude ante el Ministerio Público para iniciar los trámites legales correspondientes a fin de practicarse un aborto, las autoridades se niegan a atenderlas porque desconocen que en Guerrero la interrupción de un embarazo está permitida en circunstancias como esa.
“Hay un completo desconocimiento de la ley por parte de las autoridades, y eso es muy preocupante, tienen miedo a darle trámite a una solicitud de estas porque creen que cometerán un delito, no quieren ser partícipes de algo que ellos consideran como ilegal, y no se puede trabajar de esa forma”.
Por esta razón solicitaron al gobierno de Guerrero que a más tardar el próximo 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, presente la iniciativa con la que se comprometió en junio del 2013, de lo contrario presentarán una propia que ya está elaborada y comenzarán con talleres y foros de consulta.
De igual forma exigieron que se capacite a todos los Ministerios Públicos con la finalidad de que cuenten con los conocimientos necesarios para atender una solicitud de aborto cuando se trate de mujeres que hayan sido ultrajadas. (Agencia Periodística de Investigación)
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