NOTA

Piden dirigentes sociales al gobernador Aguirre impulsar una Ley de Amnistía

Organizaciones sociales de Guerrero pidieron al gobernador Ángel Aguirre enviar al Congreso local una Ley de Amnistía para que 50 presos políticos, entre ellos, líderes de la policía comunitaria y otros activistas que están acusados de pertenecer a la guerrilla, salgan en libertad.

Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), mencionó que el pasado dos de diciembre, luego de la marcha que realizaron las organizaciones sociales, tuvieron una plática con Aguirre y éste le pareció bien esta propuesta.

Sin embargo les dijo que antes de que se redactara el anteproyecto de Ley, le dieran la lista con los nombres de los presos que podrían ser beneficiados con esta iniciativa y salir de la cárcel.

Martínez Cruz, recordó que cuando Aguirre Rivero andaba en campaña para ganar la gubernatura se reunió con las organizaciones sociales y aceptó que promulgar una Ley de Amnistía.

En caso de que el Congreso local apruebe la Ley de Amnistía, algunos de los que podrían ser beneficiados, serían 13 integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC, entre ellos los principales líderes, Nestora Salgado, Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González.

Según los activistas, serían un total de 50 personas que estarían en esa lista de beneficiados con esta Ley.

Bernardo Ranferi Hernández, dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI) señaló que se va a proponer que salga libre Tomás de Jesús Barranco quien desde 1997 purga una condena de 50 años de prisión por diversos delitos del fuero común y federal.

Al perredista Tomás de Jesús, el gobierno lo acusó de haber pertenecido al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Tamaulipas.

Los líderes de las organizaciones sociales, dijeron que tras los asesinatos de 13 activistas durante el 2013, varios de ellos que han sido amenazados de muerte, el gobierno les ha otorgado medidas cautelares.

Es el caso de Bertoldo Martínez, quien ha recibido llamadas telefónicas de un jefe policiaco de Morelos.

Sin embargo, dice que esta medida cautelar es insuficiente para evitar que algún día le quieran hacer algún daño, ya que la seguridad que le proporciona el Gobierno se remite a que una vez al día circula una patrulla de la policía afuera de sus oficinas, en la localidad de Cruz Grande.