NOTA

Exigen empresarios despliegue federal en la Chilpancingo contra inseguridad

 Integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad del Estado de Guerrero (CCSDEG) urgieron al gobierno federal y estatal un despliegue policiaco en coordinación con las fuerzas federales para erradicar los grupos de criminales y su esquema de extorciones.

Porque el estado de Guerrero se ha convertido en un territorio dónde el control y poder absoluto lo tienen los grupos criminales con la complacencia de las autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
Este jueves en conferencia de prensa cuestionaron que mientras ellos contribuyen al desarrollo del país, además de la generación de empleos y el pago de impuestos, a la par son obligados a tributar al sistema de recaudación criminal bajo la amenaza real del “secuestro, tortura, asesinato o la destrucción de nuestras propiedades”.
Cuestionaron que desde el 2011 se ha venido acrecentando el problema de la extorsión permanente mediante el cobre de “cuotas”, por los grupos criminales que operan en Guerrero y que son plenamente identificados por la ciudadanía y por algunas autoridades, quienes brindan protección, información e impunidad a los delincuentes.
Refirieron que la mayoría de negocios de diversos giros están obligados a entregar cuotas periódicamente dependiendo la actividad que realizan y en el caso de las constructoras piden el 15 por ciento de acuerdo a la obra que ejecutan.
Además los obligan a firmar contratos colectivos extorsivos con sindicatos coludidos en el sector transporte, de los cuales en Chilpancingo circulan 200 taxis numerados y con placas particulares o sin ellas, impuestos por la delincuencia organizada, a quien le generan utilidades e información.
Precisaron que en el 2013 decenas de personas han sido víctimas de secuestros, de los que los criminales han obtenidos rescates económicos que oscilan desde los 50 mil pesos hasta el millón de pesos o más.
Refirieron que la paciencia de los habitantes de Chilpancingo está llegando a su límite y quienes han hecho el esfuerzo de contener la indignación popular. Reprocharon que si no se atiende, “no tendremos alternativas más que tomar la justicia en nuestras manos ejerciendo nuestro inalienable derecho a la autodefensa.
Que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza atracción en los secuestros y extorsiones ya denunciadas como parte de sus facultades de la delincuencia organizada y ejerza la acción penal contra los responsables, sin cabida a la impunidad.
Además que se investigue y ejerza acción penal contra servidores públicos municipales, estatales y federales que han brindado protección a los grupos de criminales o han incurrido en negligencia y son responsables por omisión de la grave situación que impera en Guerrero.