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El Estado debe ser garante de los derechos de todos, sin distinciones étnicas: Lalo Montaño

  Ometepec, Gro. -Aludiendo a lo expresado por José María Morelos, en su decreto de 1813, en el sentido de que a partir de ese momento quedaban abolidas la esclavitud y, por lo tanto, el sistema de castas y las razas en este país, el legislador del Partido Revolucionario Institucional Eduardo Montaño Salinas dijo que las políticas públicas en el estado de Guerrero no debían establecerse a partir de nociones como raza sino en función de las necesidades de cada persona, particularmente en el caso de los afromexicanos, pueblo al que se le debe reconocer constitucionalmente su cultura y su ubicación geográfica.

Siguiendo la idea de Morelos, en el sentido de que lo que debe distinguir a un individuo de otro sean el vicio o la virtud, Montaño Salinas propuso que los ciudadanos guerrerenses no pueden tener categorías en función de su etnia ni el estado debe crear dependencias “por razas” sino en función de las necesidades y derechos de cada una de las personas.

“No puede haber dependencias sólo para nuestros hermanos indígenas o afromexicanos, pues, sino para cualquier persona que requiera algún servicio o ejercer algún derecho; si no, estaríamos cayendo en conductas racistas”, precisó.

Es decir, según este diputado del XVI Distrito, ubicado en la Costa Chica, el reconocimiento que la constitución local debe dar a los afromexicanos y a los demás pueblos de esa región debe estar en función de su cultura, su historia y sus tradiciones y su ubicación geográfica, porque los derechos consagrados en la Constitución mexicana son para todos, sin distingos.

Otro de los factores a tomar en cuenta en este reconocimiento que el Estado debe dar a estos pueblos de la Costa Chica, y del propio estado de Guerrero, según Montaño Salinas, es el relacionado con su ubicación geográfica o territorio.

Finalmente, el legislador dijo que lo establecido por uno de los máximos héroes mexicanos, el general Morelos, en el tema es un ejemplo a seguir y un objetivo por concretar, por lo tanto, es responsabilidad del Estado mexicano y de los gobiernos garantizar los derechos de las personas sin hacer distinciones.