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El Grillito Sin Censuras

Alfonso Cerdenares Domínguez

 **Grave ha sido el accionar de los elementos de la Policía Estatal y de las fuerzas militares… **El gobierno federal iba a esperar un error de los líderes del Cecop… **Es el pueblo quien pone a los muertos… **Impedir que documentaran el violento operativo…

GRAVE HA SIDO EL ACCIONAR DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL Y DE LAS FUERZAS MILITARES, en el caso de los hechos sangrientos ocurridos en el poblado de La Concepción donde, al menos, perdieron la vida once personas y registrándose 38 detenidos, entre ellos, el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz; y decimos que es grave, porque con ello, el Estado está demostrando su fuerza destructora, como si ya estuviera aplicándose la Ley de (in)Seguridad Interior

, LSI, apoyándose de un grupo de paramilitares como carne de cañón, gente que por un puñado de billetes se presta a los malos juegos del gobierno, sin importarles que en ello les vaya la vida; la historia de la presa La Parota ha estado plagada por una estela de sangre, de horror y de muerte, todo porque el gobierno está empecinado en construirla a como dé lugar; nosotros lo advertimos en contadas ocasiones, cuando decíamos que EL GOBIERNO FEDERAL IBA A ESPERAR UN ERROR DE LOS LÍDERES DEL CECOP para ponerles “un cuatro”, tal y como sucedió hace unos días; recordemos que –tal y como lo narra Gustavo Castro Soto en ecoportal.net –“El 25 de Abril de 2004 el gobierno y las autoridades ejidales, compradas por él, simularon una Asamblea Ejidal de 12 minutos de duración, para dar la autorización a la construcción de la presa y el consecuente desalojo de las tierras. Fue impugnada legalmente por mil 590 comuneros quienes interpusieron, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 con sede en Acapulco, una demanda de nulidad por no cumplir con los términos legales, por haberse falsificado firmas, por haber incluido hasta el voto de ejidatarios ya muertos y otras irregularidades. El Tribunal acordó dar paso a la medida precautoria solicitada por los comuneros, por lo cual se ordenó al gobierno y a la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad, CFE, que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente se encontraban en la Comunidad Agraria de Cacahuatepec, y que quienes se oponen al proyecto “no sean desalojados de los puntos de acceso que tienen obstruidos, a fin de garantizar la tranquilidad social en el núcleo agrario en comento”. Además se ordenó notificar a la CFE que “se abstenga de realizar (los estudios preliminares de factibilidad), en tanto no se resuelve el presente juicio por sentencia ejecutoriada”. El Tribunal alertó de la posibilidad de enfrentamientos físicos si se continuaba con la obra”; lamentablemente, ahora todo eso –al parecer –ha quedado atrás, pues el gobierno del maquiavélico e ignorante muñeco de plástico tiene la insana intención de imponer la construcción de la hidroeléctrica a como dé lugar, “caiga quien caiga”; claro está, tuvieron varios años para confabular a la gente en contra de la Cecop; lo triste del caso es que, como siempre, ES EL PUEBLO QUIEN PONE A LOS MUERTOS, de ahí que, de las once víctimas, cinco formaban parte del grupo paramilitar y las otras seis, guardias de la Policía Comunitaria; lo curioso del caso es que, quien armó toda esa tremolina fue Iván Soriano Leal, un exmilitar, presuntamente vinculado con la venta ilegal de armas de fuego, pero lo peor de todo es que, luego de la refriega, unos siete reporteros, de diversos medios de comunicación, fueron golpeados por las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública, quitándoles su equipo de trabajo, entre ellos el fotógrafo Bernardino Hernández, de la Revista Nacional Proceso, para IMPEDIR QUE DOCUMENTARAN EL VIOLENTO OPERATIVO; de acuerdo a la información publicada en diversos medios, entre ellos, las redes sociales de internet, Soriano Leal fue detenido por la Policía Comunitaria de San Pedro Cacahuatepec, el pasado 31 de diciembre, acusado de encabezar a un grupo armado que tenía como objetivo asesinar al líder de la comunitaria, Marco Antonio Suástegui Muñoz; con la detención del líder opositor a la presa de La Parota, el gobierno federal –coludido con el estatal –va a calcular la posibilidad de implantar la construcción de la hidroeléctrica, desapareciendo hasta 40 pueblos que quedarían sepultados bajo las aguas, dejando sin tierras a cientos de familias campesinas que verían, de golpe y porrazo, perdida su patrimonio; en fin, veremos qué pasa, si no, al tiempo y… ¿quién es el que anda ahí? Comentarios y sugerencias al E-Mail: elahuizotejr@hotmail.com.