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Se queja personal de la FGE por bajos 
salarios y agresiones de la delincuencia 

Agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos denunciaron los bajos salarios que perciben y las agresiones que sufren por parte de miembros de la delincuencia cuando acuden a realizar alguna diligencia derivada de algún delito.

En rueda de prensa que ofrecieron los trabajadores constituidos en la Asociación de Agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales y Peritos, una agente aseguró que ella sabe de al menos diez de sus compañeros que han sido agredidos por miembros de la delincuencia que accionan en la región Centro del estado.
Los inconformes acusaron a las autoridades locales de incumplir una serie de acuerdos establecidos desde el pasado siete de junio. Uno de esos compromisos que les hizo el propio gobernador Héctor Astudillo es que se les otorgaría un incremento salarial de 50 por ciento y el pago de bono de riesgo de siete mil pesos mensuales.
Sin embargo, funcionarios de la Secretaría de Finanzas desobedecieron la orden bajo el argumento de que no hay presupuesto.
Juan Rivera Altamirano y Jesús Castrejón de la Cruz, dirigentes de esta Asociación, denunciaron también que el gobierno ha incumplido con otorgar el incremento y la dotación complementaria anual.
Recordaron que durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, esta complementación o “Bono de Fin de Año” era de 60 y hasta 80 mil pesos, pero ahora les dan 10 o máximo 20 mil pesos.
Este estímulo económico se les otorga por el buen desempeño en sus funciones que realizan durante el año.
Castrejón de la Cruz recordó que este “bono” anual disminuyó luego de que el recurso que enviaba de manera directa la Federación a los trabajadores llegó a manos de la Secretaría de Finanzas del estado.
Los trabajadores dieron a conocer que es alto el riesgo que enfrentan, ya que es permanente la situación de peligro a su integridad física por parte de los grupos delictivos.
Dijeron que hay muchos casos de compañeros que han sufrido atentados e incluso han fallecido en cumplimiento de su deber, y en estos casos la familia ha tenido que contratar los servicios de un abogado para que demande a la Fiscalía el pago del seguro de vida.
“Yo tengo una hermana que también trabaja en la Fiscalía que fue secuestrada por un grupo delictivo y fue liberada, y nunca recibió ayuda psicológica”, relató una agente del Ministerio Público del Fuero Común.
Por su parte, los peritos en criminalística denunciaron que a pesar de que han realizado protestas, el gobierno sigue sin otorgarles suficiente material para realizar su trabajo.
Los inconformes dijeron que el próximo 8 de este mes está agendada una plática con las autoridades y que si no hay solución, realizarán protestas en las calles.
Los mil 500 trabajadores, entre peritos, agentes del Ministerio Público del Fuero Común y Policías Ministeriales, entregaron un documento al Congreso local en donde piden que en el presupuesto que van a analizar en los próximos días le aumenten recursos a la Fiscalía para que les entreguen estos beneficios económicos en el 2018.