NOTA

Juristas del estado acusan de abusos a policías federales

Integrantes del Consejo de Juristas del Estado de Guerrero hicieron un llamado urgente al presidente  Enrique Peña Nieto para frenar la escalada de violencia que –según ellos- han provocado elementos de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal contra la población civil de Acapulco.

 Advirtieron que si no hay una respuesta por parte del Gobierno Federal, tomarán “medidas drásticas” por la irrupción “ilegal y violenta” de agentes federales en el domicilio del presidente del Colegio de Abogados, Rigoberto Gallegos Contreras.

 De estos hechos informaron que el allanamiento se produjo el día miércoles 7 de octubre entre las 11 y 12 de la noche, y que al entrar al inmueble los federales ocasionaron destrozos, pero en ese momento no se encontraba nadie.

 Jesús Lemus Beltrán, su asesor jurídico, explicó que un mes antes, federales ya habían cateado ese domicilio y forzaron las chapas de las puertas sin presentar al propietario de la casa una orden de un juez para catear el inmueble.

 Dijo que ante esos hechos, el afectado Gallegos Contreras interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público del Fuero Común por la comisión de diversos delitos, entre ellos abuso de autoridad, y se abrió la averiguación previa TAB/BAH/0253/2015, con fecha 15 de septiembre del año en curso.

 Los juristas Alfredo Pérez Zárate, Juan Solís Juárez Solís, Rosa Mirta Hernández, Rocío Bustos, Jesús Antonio Lemus Beltrán y el agraviado Gallegos Contreras lanzaron un llamado de auxilio a organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 Les piden que pongan atención al estado de Guerrero y particularmente a Acapulco, donde los derechos fundamentales son pisoteados con total impunidad por las corporaciones federales, aseveraron.

 El Consejo de Juristas recibió el apoyo de al menos de 300 organizaciones de transportistas, comerciantes y dirigentes de colonos, para que en caso de que no exista un freno a esos abusos, realicen fuertes movilizaciones.

 Aseguraron que si los abusos de las fuerzas federales no cesan, irán hasta las últimas consecuencias, porque ya no pueden vivir “bajo la amenaza del poder del Estado Mexicano”.