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Pide apoyo el FUSDEG para evitar una “guerra civil” con la UPOEG

Lourdes Chávez

Para evitar una guerra civil, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) convocó a organismos civiles de Derechos humanos a encabezar un proceso de reconciliación en su territorio.

El comisario de Petaquillas, Arquímides Vargas Encarnación, advirtió que tras el homicidio del dirigente Miguel Ángel Jiménez Blanco, el 8 de agosto en Xaltianguis, están bajo amenaza de un ataque de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Señaló como responsables de cualquier confrontación al coordinador de la Policía Ciudadana de la UPOEG, Ernesto Gallardo Grande, y al dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, porque los pueblos del FUSDEG van a defenderse.

En redes sociales y versiones extraoficiales se rumora la posibilidad de un enfrentamiento de los dos grupos que ya han protagonizado encuentros violentos, el primero, en el crucero de San Juan del Reparo, en el municipio Juan R. Escudero, donde siete personas fueron asesinadas.

En consulta telefónica, Vargas Encarnación denunció la omisión de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender este conflicto, estimó que esperan que se desate una guerra civil para intervenir con la fuerza pública.

Insistió en que el Frente no tiene relación con el homicidio de Jiménez Blanco, promotor de la Policía Comunitaria de Xaltianguis, donde ahora opera el FUSDEG que desplazó a la organización de Plácido Valerio el año pasado.

Vargas Encarnación aclaró que la organización sigue esperando que la Fiscalía General del Estado resuelva, respetando a las instituciones, los homicidios con los que fueron involucradas las dos organizaciones.

Sin embargo, informó que el martes el FUSDEG comenzó a difundir alertas a la población, “… si ellos se meten y agreden al pueblo, a los policías comunitarios, vamos a reaccionar; queremos evitar una guerra civil”, dijo. Consideró, “alarmante que… no hay poder ni sensibilidad política, nadie quiere pagar los costos políticos, y pasan a mayores las circunstancias”.

Acusó de esta situación a los gobiernos estatal y federal, por negarse a regular a las organizaciones de seguridad, y a reconocer que tienen derecho a buscar la paz, la justicia y una vida con dignidad que no garantizan las autoridades.

Mediante un comunicado, pidieron la intervención de organismos civiles de derechos humanos para evitar más muertes.

Detallaron que el origen de la organización está en la separación de la UPOEG para fortalecer la estructura civil en comunidades de Acapulco, Chilpancingo y Juan R. Escudero, “alejándonos de estructuras verticales y de dudoso interés popular”. La UPOEG fue acusada de corrupción por los líderes de la nueva organización. Sin embargo, aseguraron que no hay conflictos con la Policía Ciudadana, sino con sus dirigentes.

Aseguraron que en 60 pueblos se restableció el orden, y que eso motiva que las autoridades se desentienden de los pueblos a los que las organizaciones criminales los acechan constantemente. Pero los pueblos pagan impuestos ordinariamente, y también cubren la manutención de los policías comunitarios que sí dan resultados.

Manifestaron que el gobierno, mediante boletines criminaliza a las organizaciones de policías comunitarios, y que les preocupan las declaraciones del fiscal general del esatdo, Miguel Ángel Godínez, de que hay órdenes de aprehensión contra integrantes del FUSDEG, y recordaron que el Frente se manifestó por un proceso de diálogo y conciliación entre las comunidades, para reducir la tensión ante la falta de justicia.

En el comunicado también consideraron que ni la federación ni el estado tiene interés en detener a los líderes de la UPOEG, “autores intelectuales y materiales de la mayor parte de los asesinatos a nuestros compañeros ocurridos en la zona en los últimos meses”.

Ante el posible ataque de grupos de la Sierra, solicitaron la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Artículo 19, la Red Guerrerense de los Derechos Humanos, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), instituciones eclesiásticas y las comisiones estatal y federal de derechos humanos, para que ayuden a coordinar el inicio de un proceso de diálogo y conciliación entre las comunidades del FUSDEG y las comunidades y autoridades de la Costa Chica.