NOTA

Se unirá la CRAC contra embates del gobierno federal, anuncian

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –Policía Comunitaria (CRAC-PC), anunció el inicio de un proceso de unificación con la mayoría de las Casas de Justicia de las regiones región Montaña y Costa Chica.

Ello para evitar el divisionismo que últimamente han venido viviendo por parte del gobierno federal y estatal a 20 años de su creación.

Precisaron que eso ha originado un gran número de decesos, heridos y encarcelamientos de sus compañeros por los problemas internos y externos que les han ocasionado.

En conferencia de prensa Cirino Plácido Valerio y Jesús Reyes Bonifacio, coordinadores de la CRAC en San Luis Acatlán, culparon al gobierno federal y estatal del divisionismo que impera en ellos.

Del divisionismo responsabilizaron a Pablo Guzmán Hernández y Valentín Hernández Chapa, asesor político del gobernador Rogelio Ortega Martínez y el segundo presunto asesor jurídico, quienes pactaron con el gobierno federal y estatal el divisionismo y desmantelamiento de la institución comunitaria.

Consideraron que existe “odio, egoísmo y discriminación” de Pablo Guzmán y Valentín Hernández, en contra del sistema de justicia comunitaria, motivo por el que preciaron “han logrado dividirnos”.

Insistieron que a 20 años de creación de la CRAC han conjuntado los esfuerzos de “volver a caminar juntos, de mejorar nuestra relación” para evitar que “nos sigan asesinando, hiriendo, deteniendo y fabricando delitos por el gobierno federal y estatal.

Denunciaron el gobierno federal en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen una línea para “incriminar” a todos los lideres, autoridades comunitarias y todos los que protestan, como parte de la represión que “se viene”.

Plácido alertó que si continúan divididos “todos nosotros vamos a aparar a la cárcel”, hecho porque el decidieron dialogar, porque no puede haber varias CRAC, son un solo órgano comunitario para hacer un solo frente contra la delincuencia y defendernos contra toda la agresión que se presente por el gobierno federal y estatal.

Los dirigentes comunitarios dijeron que esta decisión los está orillando incluso a renovar su reglamento, porque “está rebasado y manoseado a conveniencia”, lo que originará un convenio con el gobierno estatal de respeto institucional, pero aclararon que “jamás serán de subordinación”, porque en Guerrero siguen imperando los asesinatos, secuestros, pobreza y explotación de sus territorios.

Exclamaron que no se subordinarán a un sistema “caduco y corrupto”, lo que consideraron casi la muerte del capitalismo en México, y aclararon que ellos pretenden construir un proyecto de vida alternativo, en el que la sociedad y los pueblos se organicen, ejerzan su derecho y definen el rumbo político de sus propio destino porque “nosotros no somos reces ni borregos para que nos lleven al camino de la muerte”.

“Ya no nos dividan más, ya dejen de meter mano a nuestro sistema que nos ha hecho mucho daños y nosotros sabremos caminar solos y bien”, advirtieron. (www.agenciairza.com)