Dirigentes del paro laboral en el Poder
Judicial tienen a familiares en nómina
(IRZA).- Dirigentes del movimiento laboral del Poder Judicial gozan de sueldos que van de los 30 a los 24 mil pesos mensuales y tienen licencia con goce de sueldo a pesar de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje negó la toma de nota del sindicato al que dicen pertenecer.
De acuerdo con documentos oficiales a los cuales se tuvo acceso, los dirigentes también incorporaron a familiares en la nómina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo cual constituye un acto de nepotismo.
Los trabajadores cuentan con seguro de riesgos de trabajo, de jubilación, de vejez, de invalidez, por causa de muerte y servicios médicos. Sólo está “pendiente el reconocimiento de la antigüedad para efectos de los seguros de jubilación y de vejez”, se indica.
El reglamento de carrera judicial y examen de oposición para juez de primera instancia, que demandan los manifestantes, se aprobó el 15 de enero del 2015 por el Consejo de la Judicatura.
Hace diez años se constituyó la Asociación de Proyectistas del Poder Judicial, liderada por Adalberto Valenzo Martínez y Xóchilt Jiménez Pita, entre otros. En abril del 2014 promovieron la creación del Sindicado de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.
Pero TCA negó la toma de nota porque la mayoría de los trabajadores son de “confianza” y en consecuencia carece de personalidad jurídica. Actualmente está conformada por 391 trabajadores, de un de mil 667, de los cuales 310 pertenecen al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
De acuerdo con los documentos consultados Adalberto Valenzo Martínez, ungido como secretario general del sindicato, obtiene un salario de 35 mil 300 pesos mensuales, y tiene licencia con goce de sueldo por “comisión sindical”.
Promovió la incorporación de su hermana Vianey Valenzo Martínez y de su esposa, Alma Ruth Ramírez Coronel en la nómina del TSJ. Xóchilt Jiménez Pita, tiene un salario de 35 mil 300.
Incorporó al Poder Judicial a su hermano Arturo Jiménez Pita y su prima Jenny Melina Pita Gracia. Giovanna Castro Carmona, también tiene un salario mensual de 35 mil 300 pesos e incorporó a la nómina a su hermana Xitlaly Castro Carmona y a su cuñado Javier Alia Iliveros.
Perla Maldonado Rodríguez y Natividad Reyna Justo, integrantes del sindicato, ganan mensualmente 24 mil 298. Miguel Ángel Moyado Escutia, gana mensualmente 12 mil 975 pesos.
En su expediente, revelan los documentos, consta de una sanción administrativa de apercibimiento, 9 llamadas de atención y se le descuenta pensión a favor de la diputada local del PVME, Karen Castrejón Trujillo, desde el año 2010.
María Josefina Suástegui Herrera, gana al mes 7 mil pesos, y su cónyuge es Roberto Ramos Chino, secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (Arcelia). Todos los trabajadores están comisionados con goce de sueldo.
Se informó que del 2011 al 2014 se han autorizado incrementos del 4 al 12 por ciento sobre el salario base. En 2014 se otorgó un incremento salarial del 24 por ciento para oficiales administrativos y extraordinarios y de base, y 15 por ciento para trabajadores jurisdiccionales, excepto jueves y magistrados.
En base a los documentos consultados, el 8 de abril del 2014 el Poder Judicial y los trabajadores acordaron el incremento del 24 por ciento para oficiales administrativos, extraordinarios y de base, 15 por ciento para trabajadores jurisdiccionales.
La agrupación presentó el 20 de enero de este año su pliego petitorio en el que demandan un aumento salarial irreductible del 35 por ciento, seguridad social con reconocimiento de antigüedad y expedición del reglamento de carrera judicial
El Poder Judicial les ofreció un incremento del 5 por ciento para los oficiales administrativos y de base, y 3 pro ciento para personal jurisdiccional, “pero la rechazaron por considerarla ofensiva”, se señala.
A partir del 11 de marzo suspendieron labores e impidieron el acceso a los órganos jurisdiccionales. El 27 de marzo el gobierno estatal les propuso un aumento del 10 por ciento, pero también la rechazaron.
Debido a la afectación ciudadana, el Poder Judicial solicitó la intervención del gobierno estatal para que la policía resguardara las instalaciones de los juzgados que se encuentran cerrados. El 7 de abril intervino la policía estatal.
El 14 de abril el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, propuso un estímulo o bono por una ocasión de 5 mil pesos para los oficiales administrativos de base y extraordinarios, y de 3 mil pesos a los jurisdiccionales, pero también rechazaron el ofrecimiento. (www.agenciairza.com)
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