Cuando se asesina a un periodista se le hace daño a la sociedad, sostiene la FIP
Integrantes de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) se reunieron con autoridades estatales y diputados para conocer la versión oficial sobre las agresiones contra comunicadores.
Paradójicamente los activistas no programaron ningún encuentro con los comunicadores esta capital para documentar los casos más recientes de hostigamiento, agresiones e incluso desapariciones.
Esto, pese al reciente caso de hostigamiento contra el corresponsal de la Revista Proceso, Ezequiel Flores Contreras. A los integrantes del FIP se les mencionó el caos pero no lo retomaron porque, aseguraron, no lo conocen.
La delegación fue encabezada por el líder del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Fernando Ramón Olivas, y Luis Menéndez Villalba, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.
Primero se reunieron con el presidente interino de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, a quien externaron su preocupación por la incidencia de ataques contra periodistas.
Más tarde se reunirían con los integrantes de la Comisión de Gobierno del Congreso local, sin embargo, sólo acudió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Salazar Marchán.
En el encuentro celebrado en la sala Jorge Bajos Valverde del Palacio Legislativo, los activistas coincidieron que ya no se buscan diagnósticos, sino mecanismos que garanticen la protección de periodistas y el libre ejercicio periodístico.
“Venimos cordialmente pero con total firmeza con una llamada de atención a los responsables políticos y funcionarios para que se den cuenta que cuando se mata a un periodista no se mata solamente a una persona y se destroza una familia, sino que se está haciendo daño a sí misma la propia sociedad”, expuso el español Luis Menéndez.
Expuso que los políticos no deben tener “sometida a la prensa” porque ésta se debe a la verdad pero advirtió el aumento de casos de “autocensura” debido a los índices de criminalidad como ocurre en Guerrero.
Porque en México ocupa últimos lugares en libertad de expresión y significa que están ocurriendo situaciones graves. Insistieron en exigir garantías para iniciar una penal plena democratización de los medios de comunicación.
En su participación Salazar Marchán expuso que en México hay 16 periodistas desaparecidos, de los cuales Guerrero ocupa el segundo lugar con dos casos, seguido de los estados de Veracruz y Michoacán con cuatro casos respectivamente.
El legislador planteó la reciente persecución contra el corresponsal de la revista Proceso, Ezequiel Flores Contreras. “La versión institucional es que pidió información al Instituto Federal de Acceso a la Información y que por eso el Ejército lo está citando a comparecer, de ese tamaño la barbaridad”.
Salazar admitió que la situación de violencia es grave y que los estados de Guerrero y Tamaulipas se disputan el primer lugar en homicidios dolosos en este año, y que Acapulco es una de las ciudades más peligrosas.
Reconoció que no basta con hacer un marco jurídico de protección a periodistas como la ley recién aprobada de protección para personas en situación de riesgo que incluye a defensores de derechos humanos y periodistas.
“Pero insisto, las leyes son letras muertas si no hay una sociedad consiente para darle seguimiento y obligar a la instancia ejecutora a su cumplimiento”, expresó el legislador. Al final del encuentro no se llegó a ningún acuerdo concreto.
Pero Luis Menéndez Villalba explicó que cuando menos regresará satisfecho por haber documentado la situación de riesgo para ejercer el periodismo en Guerrero y que hayan sido escuchados por las autoridades locales.
La delegación del FIP concluyó su jornada con una reunión con la secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, Beatriz Mojica Morga, a quien enviaron un reconocimiento por impulsar el “innovador” programa del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP).
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