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Gobierno federal impone delitos graves injustamente a comunitarios: Rosales

Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor de los 13 policías comunitarios presos, criticó que el gobierno federal imponga delitos graves a los policías comunitarios guerrerenses presos desde el año pasado.

Incluso de delincuencia organizada para personas que actuaron con el marco normativo de un sistema comunitario, y con las autodefensas de Michoacán, que tienen armamento de alto poder no han actuado igual.

Rosales cuestionó el por qué el gobierno no actúa de la misma forma con las autodefensas y porque sí acaba de notificar el delito de delincuencia organizada a la mayoría de los policías comunitarios presos, cuando ellos detuvieron a gente y la enviaron a un proceso de reeducación legal en sus comunidades.

Comentó que el proceso de los policías comunitarios ha sido tardado más en los casos de los tres que están en penales federales: Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, recluidos en ese orden; sin embargo, aseguró que con el ingreso de más abogados para la defensa de los comunitarios, podrían lograr la libertad de todos en próximos meses.

Los delitos que se le imputan a los policías comunitarios, con base en las leyes convencionales no empatan con las normas que rigen a la CRAC; por ejemplo la ley 701, que permite a los pueblos indígenas ejercer su propio sistema de justicia y la ley 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT), que también da esa garantía.

Los procesos, informó, están en la etapa de la instrucción, cuando se desahogan las pruebas. Hay caso en los que hay apelaciones como en el del promotor de la policía comunitaria en Tixtla, recluido en noviembre pasado, que se resolverá en próximos días, en donde apelan contra uno de los autos de formal prisión que hay en su contra.

Los demás delitos se tienen que ir desdibujando, dijo, a medida que los abogados presenten pruebas de que todas las acciones realizadas fueron apegadas a un marco normativo, en ningún momento violatorio a los derechos humanos de ninguna persona, incluso cuando éstos cometieron algún ilícito y fueron enviados a reeducación (proceso mediante el cual la CRAC reencamina a los infractores).

Lamentó que el sistema de justicia sea faccioso, porque por una parte, en el estado se acusa e incrimina a policías comunitarios, y en Michoacán, con las autodefensas que manejan armas de alto poder no hay tales procesos ni castigos