NOTA

Policías suspendidos cierran ayuntamiento de Chilpancingo

Policías sujetos a suspensión preventiva cerraron el acceso a Palacio Municipal de Chilpancingo, exigen la entrega de una tarjeta de enseres domésticos por seis mil pesos y la liquidación que les corresponde de acuerdo a la ley.

 Los elementos de Seguridad Pública que no aprobaron las evaluaciones de control y confianza llegaron a las instalaciones del ayuntamiento la mañana del lunes 2 de enero y se apostaron en la entrada principal.

 Con pancartas en las que exigen se les cubra el recurso al que tienen derecho, los policías suspendidos dijeron que son 55 y que hasta el momento no se les notifica la baja definitiva, de tal suerte que tienen derecho a gozar los beneficios que otorga el Subsidio para Seguridad de los Municipios (Subsemun) del gobierno federal.

 Al resto de los elementos el beneficio se les otorgó desde el 31 de diciembre, pero a ellos no se les ha dicho en que momento se les liberarán las tarjetas.

 "Desgraciadamente ellos no están aprobados en el proceso de evaluación, por eso ya no se les puede pagar", anotó el secretario de Seguridad Pública, Roberto Hernández Bello.

 Los manifestantes reprocharon el hecho de que otros policías que tampoco aprobaron las evaluaciones requeridas por el gobierno federal sigan en servicio, lo que constituye un acto de inequidad. 

Solicitaron que de una vez se les cubra el monto al que tienen derecho por su proceso de liquidación, ya que al parecer pretenden despedirlos sin otorgarles la contraprestación correspondiente.

 El secretario de Seguridad Pública insistió en que el Subsemún ya no los contempló en el otorgamiento del beneficio por el procedimiento que enfrentan, pero ofreció dialogar con el área financiera del municipio para tratar de alcanzar un acuerdo.

 Precisó que los inconformes percibieron las quincenas de diciembre y el aguinaldo correspondiente, a pesar de que ya no están en activo.

 Entre los policías suspendidos hay elementos que tienen diez, 14, 15 y hasta 17 años de antigüedad. Todos son jefes de familia y por eso demandan que se les paguen sus derechos.