jueves, 19 de febrero de 2015

PAGINA 11

Crematorio operó sin licencia desde 2007

La lista de posibles responsables en el escándalo de 60 cuerpos abandonados en las instalaciones de un crematorio ilegal en Acapulco crece. El ex alcalde del puerto y candidato a gobernador de Guerrero por Movimiento Ciudadano, Luis Walton, advirtió ayer que Crematorios del Pacífico operó de forma ilegal y sin permisos durante tres administraciones municipales, incluidas las de Félix Salgado Macedonio, Manuel Añorve y la suya.

“A ese crematorio se le dio una licencia en 2004. Es una concesión solamente de tres años y posteriormente ya no tuvo ninguna (otra) concesión que se le diera”, admitió el ex presidente municipal. Es un periodo que coincide con las administraciones de tres ediles diferentes, ninguno de los cuales emprendió acción preventiva o punitiva alguna en contra de la empresa, a la que tampoco se denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado pese a múltiples y evidentes violaciones a leyes sanitarias, ecológicas, civiles y hasta fiscales.
De acuerdo con Walton, la empresa de Guillermo Estua Zardain —hoy prófugo— estuvo incinerando cadáveres durante siete años sin que la alcaldía le renovara los permisos correspondientes. Es decir, lo hizo de forma ilegal. Aun así, la Secretaría de Salud estatal le remitió cuerpos de forma constante, hasta que en algún punto hacia finales de 2014 la compañía comenzó a apilarlos en un sótano.
En lo que toca a su administración, Walton depositó parte de la culpa sobre quien fuera y todavía es director de Panteones del puerto, Anituy Rebolledo, un viejo periodista, escritor y cronista social. Aunque no es su especialidad, dentro de sus responsabilidades está hacer que el entramado legal que rodea a la operación de los crematorios de la ciudad se respete.
 “Tenemos que ser honestos. La dirección de Panteones tendría que haber verificado esto. Ahí hay una responsabilidad”, reconoció el ex alcalde, quien gobernó Acapulco entre 2012 y 2015.
 Como director de Panteones, Rebolledo no solo no se percató de que el crematorio seguía operando y que en un momento hasta medio centenar de cadáveres habían sido abandonados en su interior; tampoco se le ocurrió presentar denuncias penales ante reiteradas muestras de que algo ilegal estaba ocurriendo, literalmente, bajo sus narices.
 ¿Cuáles eran esas reiteradas muestras? Bajo la versión de Walton, inspectores municipales acudieron en varias ocasiones a revisar las instalaciones ante las quejas de vecinos porque de sus chimeneas se desprendía un terrible olor. Nunca se les dejó pasar ni se atrevieron a tirar la puerta porque estaba fuera de sus responsabilidades. Para añadir insulto a la injuria, en cuatro visitas de inspección nadie se percató de que la empresa seguía recibiendo cadáveres y adentro había un filón de cadáveres apilados.
El tufo que emitía el edificio tampoco fue indicio de que algo andaba mal. “No había olores fétidos”, dijo el ex alcalde en su defensa.
La relación de desencuentros no termina ahí. En 2013, se multó al dueño con 32 mil pesos por incumplimiento de disposiciones municipales. Ni siquiera se le pudo entregar la sanción porque la puerta estaba cerrada. Es día que la infracción no ha sido pagada.
Cuando los inspectores quisieron clausurar ese mismo año, desistieron; el edificio lucía abandonado. Siempre que acudían parecía vacío. Parecía y lucía, porque de forma clandestina —extrañamente sin que el gobierno local se diera cuenta— seguía recibiendo cuerpos.
 Pide castigo
 “Hay responsabilidad del ayuntamiento”, sentenció el ex alcalde. “(Esta noticia) por supuesto que me sorprende. Yo estoy de acuerdo en que el ministerio público, la policía y la fiscalía (general de justicia del estado) hagan todas las averiguaciones. Es un fraude para las familias bochornoso y catastrófico. Que el que sea culpable, se le castigue”.
 En su edición del sábado pasado y tras investigar en la normativa vigente, MILENIO reveló que era incumbencia de la presidencia municipal y la Secretaría estatal de Salud, encabezadas por Luis Walton y Lázaro Mazón, asegurarse de que el crematorio en donde fueron descubiertos abandonados los cuerpos cumpliera con las disposiciones sanitarias existentes. Recaía en ambos gobiernos, el local y el estatal, la obligación de garantizar que la empresa operara de forma legal, una responsabilidad que evidentemente no cumplieron.
 De no ser por el resultado —60 cadáveres dejados al olvido— y porque se deja en evidencia la facilidad con la que se puede eludir la ley, las relaciones entre la empresa y la alcaldía serían propias de una comedia de enredos. Según lo expuesto por Walton, Crematorios del Pacífico se enfrascó en una especie de juego del gato y el ratón con los inspectores de panteones: cada vez que acudían a verificar las instalaciones, se ocultaban para dar la impresión de que la empresa estaba abandonada.
 Mientras tanto, seguían recibiendo cadáveres de forma ilegal.
 Este es el listado de inspecciones fallidas, según la versión de Walton:
 —21 de noviembre de 2012. Inspectores municipales acuden ante la queja de vecinos por emisiones de humo.
 —27 de noviembre de 2012, segunda inspección frustrada de las chimeneas.
—3 de enero de 2013, se intenta realizar inspección a las calderas del crematorio.
 —31 de enero de 2013. Funcionarios acuden a imponer una multa de 32 mil 580 pesos a Estua Zardain. No lo encuentran.
 “Y el 14 de mayo de 2013 también se practicó otra visita en donde también estuvo la Secretaría de Salud del estado y también estuvo ecología y salud municipal, pero el lugar estaba cerrado, no había nadie”, dijo el ex alcalde.
—¿Y nunca interpusieron una denuncia ante la fiscalía por estas conductas ilegales?
 —La verdad de las cosas es que no.

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