NOTA ROJA

Repunta violencia en Costa Chica tras el repliegue de la autodefensa: Plácido

Tras exigir al Congreso local que convoque a una consulta ciudadana para que se analice la ley que crea la Policía Rural, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio, dijo que debido a su repliegue, la delincuencia ya regresó a los municipios de la Costa Chica.

Entrevistado en el salón “Sentimientos de la Nación” del Congreso del Estado Plácido Valerio dijo que a la policía del Sistema de Seguridad Ciudadana se le ha obligado a que restrinja sus labores de vigilancia.
Señaló que ahora es el Ejército Mexicano el que ha tomado las acciones de seguridad en esa zona, pero lo extraño de esto es de que en las últimas semanas se han registrado una serie de hechos de violencia.
“La delincuencia ya regresó a la Costa Chica pese a que supuestamente hay más vigilancia militar y de la policía estatal”, dijo Plácido Valerio. Indicó que pese a las intimidaciones que han recibido, la Policía del Sistema de Seguridad y Justicia realiza labores de seguridad en las localidades.
Mencionó que estos operativos que ellos realizan funcionan más que los que llevan a cabo las autoridades y prueba de ello es de que este lunes por la tarde detuvieron a los agentes ministeriales estatales, Alfredo Jiménez Obregón y Víctor Cuéllar Ramírez quienes fueron acusados por comerciantes de la ciudad de Ayutla de cobrarles una cuota por derecho de piso.
“Los agentes judiciales establecieron cobros de 500 y hasta mil pesos a cada comerciante para que estos pudieran abrir sus negocios”, refirió el líder de la UPOEG. Señaló que ciudadanos del municipio de Marquelia, también han denunciado esta misma situación de cobro de derecho de piso.
Indicó que se analiza bajo qué tipo de condiciones van a entregar a los dos agentes judiciales al gobierno.
Recordó que hace meses de haber entregado a la Procuraduría de Justicia de Guerrero a 54 personas a los que se les comprobó que habían cometido una serie de delitos como el secuestro y la extorsión después fueron liberadas porque presuntamente falta de pruebas.
“Esa experiencia no nos da ninguna garantía de que los agentes serán enjuiciados ante los tribunales”, mencionó.
Sin embargo, dijo que en caso de que la gente de Ayutla decida entregar a la Procuraduría a los dos agentes judiciales, la gente que resultó agraviada está dispuesta a acudir ante las instancias para denunciarlos y presentar pruebas de las acusaciones.
Plácido Valerio y comisarios municipales de comunidades de los municipios de Tecoanapa y Ayutla de los Libres, tuvieron una reunión con una comisión de diputados locales a quienes se les planteó la necesidad de que la ley para crear la Policía Rural sea sometida mediante una consulta ciudadana